La nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley 32069) ha introducido una serie de penalidades para regular y sancionar el incumplimiento de los contratos en el ámbito de la contratación pública. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, evitando retrasos y malas prácticas por parte de los proveedores y contratistas. A continuación, detallamos los principales aspectos que debes conocer sobre estas penalidades.

Infracciones Administrativas en Contrataciones Públicas

Se consideran infracciones sancionables para participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes:

1. Retiro o desistimiento injustificado de propuestas de manera reiterada.
2. Incumplimiento en la formalización de contratos o acuerdos marco sin justificación.
3. Subcontratación indebida, sin autorización o excediendo los límites permitidos.
4. Negativa injustificada a cumplir obligaciones contractuales posteriores al pago.
5. Contratación irregular, sin inscripción vigente en el RNP o excediendo la capacidad autorizada.
6. Deficiencias en expedientes técnicos que generen retrasos en obras.
7. Supervisión negligente de obras, afectando económicamente a las entidades contratantes.
8. Formalización de contratos en situaciones prohibidas, como suspensión o nulidad del proceso.
9. Contratar con el Estado estando impedido legalmente.
10. Ocasionar la resolución del contrato sin que esta sea impugnada o anulada.
11. No subsanar vicios ocultos en la prestación requerida.
12. Presentación de información inexacta, afectando evaluaciones o ejecución contractual.
13. Uso de documentos falsos o adulterados en procesos de contratación.

Estas infracciones pueden llevar a sanciones conforme a la normativa vigente.

Sanciones por incumplimiento contractual

Uno de los cambios más relevantes en la nueva ley es la aplicación de penalidades por retrasos injustificados en la ejecución de las prestaciones del contrato. En estos casos:

• Se establece una penalidad diaria por cada día de atraso en la ejecución de las obligaciones contractuales.

• El monto de la penalidad no podrá superar el 10% del valor total del contrato.

• Si el contratista alcanza este límite, la entidad pública tiene la facultad de resolver el contrato por incumplimiento, lo que podría generar mayores consecuencias para el proveedor involucrado.

Sanciones por infracciones

Además de las penalidades por incumplimiento contractual, la Ley 32069 también establece sanciones para los proveedores que incurran en infracciones durante el proceso de contratación. Entre las sanciones más importantes se encuentran:

• Multas económicas: Se aplican a los proveedores que cometan infracciones durante el proceso de contratación o ejecución del contrato.
• Inhabilitación temporal: Se impone a aquellos proveedores que incurran en faltas graves ( documentos falsos o adulterados) , impidiéndoles participar en futuras licitaciones durante un período determinado ( 3 a 60 meses ).
• Inhabilitación definitiva: Se aplica a los proveedores que cometan infracciones de gran magnitud, excluyéndolos permanentemente del sistema de contratación pública ( más de 2 sanciones de inhabilitacion temporal que sumen 36 meses en los ultimos 4 años ).

Beneficios por pronto pago

Como una medida para incentivar el cumplimiento y evitar mayores penalidades, la ley contempla un beneficio para aquellos proveedores sancionados con una multa. Si el proveedor realiza el pago dentro del plazo establecido, podrá acceder a un descuento del 30% sobre el monto de la sanción, aliviando así el impacto financiero de la penalidad.

Sanciones por documentación falsa

Un aspecto relevante en la nueva normativa es la penalidad relacionada con la presentación de documentación falsa. En este sentido:

• Se podrá aplicar una sanción menor si se demuestra que la documentación falsa fue proporcionada por un tercero y no directamente por el proveedor.
• En caso de que el proveedor sea responsable directo, se impondrán sanciones más severas, que podrían incluir inhabilitaciones.

La Ley 32069 refuerza el marco normativo de las contrataciones públicas, estableciendo penalidades claras y contundentes para evitar incumplimientos e irregularidades. Es fundamental que los proveedores conozcan estas disposiciones para evitar sanciones y cumplir con sus compromisos de manera efectiva.

Mantenerse informado sobre estos cambios permitirá a las empresas y MYPES participar en los procesos de contratación pública con mayor seguridad y previsión, garantizando una relación contractual transparente y eficiente con el Estado.

Para facilitar el cumplimiento de la normativa y evitar sanciones, Licitapp ofrece una plataforma especializada en la gestión de licitaciones públicas. A través de sus herramientas, los proveedores pueden acceder a alertas de licitaciones, gestionar documentación de manera eficiente y recibir notificaciones sobre cambios en la normativa. Además, Licitapp ayuda a monitorear el estado de los contratos y plazos clave, minimizando riesgos de penalidades y asegurando un mejor cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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